23 de septiembre de 2024, 2:31 p.m.
La Ministra de la Presidencia, Laura Fernández, ofreció una contundente declaración hoy ante los recientes allanamientos y detenciones de miembros de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social (CCSS), incluida su presidenta, Marta Esquivel. La ministra calificó las acciones de la Fiscalía General como «absurdas» y «abusivas», argumentando que las acusaciones de prevaricato carecen de fundamento legal y moral.
Fernández, en una conferencia de prensa, expuso que la situación se enmarca en un contexto de abuso de poder por parte de la Fiscalía. «Todos los funcionarios de este gobierno estamos dispuestos a responder ante cualquier investigación», afirmó, pero subrayó que el pueblo y la democracia no deben tolerar estos actos.
La ministra cuestionó la rapidez de la Fiscalía para actuar en un caso que, según ella, se encuentra en revisión en la Contraloría y no ha sido aún declarado ilegal por ningún tribunal. «¿Cómo podría haber prevaricato si no se ha pagado un solo colón por un contrato que ni siquiera está en firme?», se preguntó, enfatizando que la acusación resulta incomprensible.
Fernández también criticó la falta de comunicación formal por parte de la Fiscalía, sugiriendo que se trató de un «show mediático» en lugar de un procedimiento legal adecuado. «¿Por qué no citaron por escrito a los miembros de la Junta en lugar de detenerlos mediáticamente?», cuestionó.
La ministra no solo defendió a los funcionarios detenidos, sino que también planteó la existencia de denuncias que, según el gobierno, han sido ignoradas por la Fiscalía, como casos de corrupción en otras instituciones. «Esto no huele nada bien. Interpretamos estas acciones como una amenaza clara al gobierno», declaró.
Con un tono firme, Fernández advirtió que el gobierno no se dejará intimidar y llamó a la ciudadanía a estar alerta ante lo que considera un hostigamiento ilegítimo. «Estamos ante una amenaza sin precedentes en la historia de nuestro país», concluyó, instando a los costarricenses a mantenerse vigilantes ante esta situación crítica.
La tensión entre el gobierno y la Fiscalía promete seguir en el centro del debate público, mientras los ciudadanos observan con preocupación la evolución de estos acontecimientos.
